Nueva Ley

Ayer, 6 de abril, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley Orgánica de Educación (LOE).
Si bien la mayoría de los países europeos están inmersos en procesos de transformación educativa para adaptarse a la nueva realidad económica, social, cultural, política..., España se caracteriza por modificar/reformar constantemente la normativa educativa, a diferencia de otros países occidentales que gozan de mayor estabilidad legislativa en esta materia. Desde 1990 hasta ahora se han aprobado 3 leyes orgánicas que regulaban el sistema educativo no universitario y que ahora se derogan: LOGSE (1990), LOPEG (1995) y LOCE (2002) -cuyo calendario de aplicación se aplazó mediante un Decreto del año 2004, aunque entraron en vigor algunas disposiciones-. La LOE sería la cuarta, y desde el inicio de la democracia la sexta.
Este periodo de intensas reformas coincide con el traspaso de competencias a las autonomías –con la consiguiente descentralización y con el desarrollo de normativa específica que necesariamente deben incorporar a las leyes orgánicas las comunidades autónomas- ,y en un contexto de educación para todos o de “universalización del derecho a la educación”. Naturalmente los factores que pueden estar influyendo en esta inestabilidad del sistema son variados y analizarlos llevaría a que este post fuera muy extenso o, por defecto, poco riguroso.
De lo que no cabe ninguna duda, reformas aparte, es que la inversión en educación es escasa y no alcanza la media de la Unión Europea situándose en la zona baja de los países desarrollados. Diversos estudios recogen que “el gasto público en educación ha bajado en la última década del 4,7% del PIB al 4,4 % (en la UE la media es del 5,22 %)”. El gasto medio por alumno es 1,3 puntos por debajo de la media de los países de la OCDE.
La LOE parece querer subsanar este problema y contempla un incremento del gasto público en educación (7.033 millones de euros) para, en un plazo de 10 años, equiparlo a la media de la Unión Europea. ¡Ya veremos!

Quino: El derecho a la educación